Hay imaginarios socialmente extendidos acerca de la vulneración de los derechos de
las personas privadas de la libertad, pues consideran que fruto de la comisión de un
delito que ofende al conjunto social, la persona debe ser privada en absoluto de todos
sus derechos; o que por lo menos la no garantía de su derechos fundamentales debe
ser tolerada como algo inherente a la pena privativa de la libertad.
No obstante, esta visión de la violación justificada de los derechos de los reclusos y
reclusas, no puede ser predicada por ningún Estado, mucho menos del colombiano,
el cual en teoría se reivindica como protector de la dignidad humana, la democracia y
él Derecho, como bases para su funcionamiento.